Una transición ecosocial justa debe trascender lo habitacional e incluir aspectos fundamentales como el derecho a una alimentación saludable, el acceso a espacios verdes y de convivencia, la gestión de residuos y materia orgánica, entre otros. Abordar estas cuestiones de manera integral y con todos los actores implicados es esencial, priorizando las demandas de los colectivos cuyas necesidades son a menudo invisibilizadas.
Este informe de investigación aborda la pregunta clave de si la transición energética es realmente justa e inclusiva en el ámbito de la Comunidad de Madrid. El estudio se basa en una investigación de ocho meses que incluye un cuestionario a 101 personas en situación de vulnerabilidad y/o pobreza , con el objetivo de evaluar su grado de conocimiento y el acceso real a las ayudas públicas asociadas a la transición energética. Los resultados revelan una gran asimetría: si bien el Bono Social Eléctrico es la ayuda más conocida para este colectivo, casi un 30% de la población encuestada afirma desconocer cualquier tipo de subvención, mientras que las ayudas destinadas a la rehabilitación energética de edificios son prácticamente desconocidas para las personas encuestadas. Solo el 27 % de las personas participantes había solicitado alguna de estas ayudas; en todos los casos se trataba del bono social eléctrico, que fue concedido únicamente al 59 % de quienes lo solicitaron.
El análisis detalla las múltiples barreras que impiden a las personas en situación de vulnerabilidad acceder de estas ayudas. Entre los obstáculos más relevantes identificados se encuentran el lenguaje administrativo complejo, la brecha digital y los requisitos de diseño de las ayudas (como la exigencia de ser propietario o tener un contrato de suministro a nombre propio) que excluyen a hogares con ingresos irregulares o precariedad habitacional. El documento concluye con un conjunto de recomendaciones clave, entre las que destacan la necesidad urgente de automatizar y simplificar la solicitud del Bono Social, mejorar la gestión y el acompañamiento personalizado (por ejemplo, con figuras de asesoría energética) y promover la coordinación estructural para garantizar que la transición energética sea efectiva y no agrave las desigualdades sociales existentes.