Una transición ecosocial justa debe trascender lo habitacional e incluir aspectos fundamentales como el derecho a una alimentación saludable, el acceso a espacios verdes y de convivencia, la gestión de residuos y materia orgánica, entre otros. Abordar estas cuestiones de manera integral y con todos los actores implicados es esencial, priorizando las demandas de los colectivos cuyas necesidades son a menudo invisibilizadas.

Este informe de investigación aborda la pregunta clave de si la transición energética es realmente justa e inclusiva en el ámbito de la Comunidad de Madrid. El estudio se basa en una investigación de ocho meses que incluye un cuestionario a 101 personas en situación de vulnerabilidad y/o pobreza , con el objetivo de evaluar su grado de conocimiento y el acceso real a las ayudas públicas asociadas a la transición energética. Los resultados revelan una gran asimetría: si bien el Bono Social Eléctrico es la ayuda más conocida para este colectivo, casi un 30% de la población encuestada afirma desconocer cualquier tipo de subvención, mientras que las ayudas destinadas a la rehabilitación energética de edificios son prácticamente desconocidas para las personas encuestadas. Solo el 27 % de las personas participantes había solicitado alguna de estas ayudas; en todos los casos se trataba del bono social eléctrico, que fue concedido únicamente al 59 % de quienes lo solicitaron.

El análisis detalla las múltiples barreras que impiden a las personas en situación de vulnerabilidad acceder de estas ayudas. Entre los obstáculos más relevantes identificados se encuentran el lenguaje administrativo complejo, la brecha digital y los requisitos de diseño de las ayudas (como la exigencia de ser propietario o tener un contrato de suministro a nombre propio) que excluyen a hogares con ingresos irregulares o precariedad habitacional. El documento concluye con un conjunto de recomendaciones clave, entre las que destacan la necesidad urgente de automatizar y simplificar la solicitud del Bono Social, mejorar la gestión y el acompañamiento personalizado (por ejemplo, con figuras de asesoría energética) y promover la coordinación estructural para garantizar que la transición energética sea efectiva y no agrave las desigualdades sociales existentes.

¿Qué son las cláusulas sociales? ¿Cómo es la legislación que las ampara? ¿cómo podemos incluirlas, tanto en las licitaciones públicas, como en los diálogos y negociaciones con la administración?

Esta guía responde a alguna de estas cuestiones, que vienen trabajando los Grupos de Trabajo de Economía Social y Solidaria y de Empleo de EAPN Madrid en su diálogo con la administración pública. Es un primer paso para acercar el lenguaje técnico y especializado relativo a la legislación, al uso más cotidiano de técnicas, tanto del tercer sector como de la administración.

Una de las herramientas más importantes de las que disponen las autoridades públicas para la implementación de políticas y estrategias públicas inclusivas es la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública. Y esto se ampara bajo la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la LCSP, en cuyo primer artículo se ordena que en toda contratación pública se incorporen criterios sociales y medioambientales que guarden relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos.

Este informe recoge el trabajo de investigación y recopilación de información del equipo formado por la Asociación Progestión, de EAPN Madrid y el Proyecto TEMIS, así como un focus group con diferentes técnicas del Ayuntamiento de Madrid realizado en septiembre de 2024. Además de una revisión y adecuación a la legislación vigente por parte del abogado D. Antonio Ramón Rodriguez Castaño.

La guía contiene una breve contextualización y una introducción sobre contratación pública estratégica. A continuación con una metodología didáctica y con ejemplos muestra cómo introducir aspectos sociales y medioambientales en la contratación pública: el objeto del contrato, los criterios de selección, las condiciones especiales de ejecución y las mejoras. Para concluir, recoge unas consideraciones finales sobre contratación pública y cambio climático.

La transición energética, así como la atención a su impacto en las personas más vulnerables, exige la inclusión de cláusulas específicas en los contratos, que permitan materializar los compromisos adquiridos y faciliten el seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos.

Sólo mediante una mirada interseccional y de justicia climática en los proyectos y planes, que tenga en cuenta realmente las desigualdades que se agravan con el cambio climático es posible lograr la neutralidad climática sin dejar a nadie atrás.

El informe, realizado en colaboración con la Asociación Progestión, tiene como objetivo ahondar en la vinculación entre lo social y lo ambiental, y más concretamente, en la dimensión social que poseen los proyectos y medidas de transición ecológica en Madrid, poniendo el foco en el acceso a planes y políticas de transición energética de los colectivos más excluidos.

El presente informe explora cómo se integra la dimensión social en la Hoja de Ruta hacia la Neutralidad Climática y en otras políticas públicas, estableciendo comparativas con estrategias implementadas por otros gobiernos locales y autonómicos.

De igual forma, realiza una comparativa con otras políticas públicas, valorando las diferentes estrategias a través de las cuales los gobiernos municipales y autonómicos implementan medidas que fomenten tanto la transición ecológica, como la inclusión social.

Por último, recoge una serie de recomendaciones y propuestas respecto a medidas y herramientas que se pueden ejecutar para garantizar una transición realmente justa. El informe resalta la necesidad de desarrollar medidas más específicas con recursos económicos asociados que atiendan a la desigualdad climática incorporando la dimensión social, para atender realmente el impacto del cambio climático en los colectivos vulnerables de nuestra ciudad.